En una reunión de alto voltaje político llevada a cabo en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada durante la mañana de ayer, el presidente, Javier Milei, delineó estrategias contundentes para asegurar la aprobación de la trascendental Ley Ómnibus en el Congreso de la Nación.

Ante la insuficiencia en los números, el mandatario no solo instó a sus ministros a intensificar la presión sobre los gobernadores, sino que también contempla recurrir a medidas judiciales si la legislación no obtiene el respaldo necesario.

El Presidente, enérgico y decidido, instruyó a su Gabinete a ir a fondo en la conquista de la media sanción en la Cámara de Diputados. Según publicó la agencia Noticias Argentinas, Milei dejó claro que “si la ley no se aprueba, las más perjudicadas van a ser las provincias”. Este mensaje contundente a los gobernadores fue respaldado por la instrucción al ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, de presentar la propuesta ante el procurador general, Eduardo Casal, para la creación de una fiscalía especial que investigue a funcionarios públicos implicados en episodios de corrupción.

Esta medida tomada por el jefe de Estado se suma a la compleja negociación que sus representantes mantienen con una oposición dialoguista, dispuesta a respaldar la ley ómnibus pero exigiendo modificaciones sustanciales en varios aspectos. Aunque el Gobierno logró obtener la aprobación del dictamen de mayoría, legisladores de la oposición que inicialmente apoyaron la propuesta denunciaron en las últimas horas que el bloque de La Libertad Avanza no habría tenido en cuenta sus propias modificaciones. Esta situación generó un enfriamiento significativo en las perspectivas de llegar a un acuerdo inmediato.

Además, esta estrategia busca enviar un mensaje claro a los gobernadores: “Ir con buenas intenciones en algunos sectores no dará resultado, te tienes que poner en hijo de puta”. Este enfoque más agresivo se presenta como una táctica para torcer el “poroteo” en el Congreso, presionando a los gobernadores para que influyan en sus diputados y voten a favor de la ley.

En la misma línea y como ya lo había anticipado en sus redes sociales, el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el encuentro de más de una hora, advirtió que, si la Ley Ómnibus no llega a buen puerto, se seguirá ajustando el gasto público de todas las maneras alternativas posibles, incluso afectando las partidas asignadas a las provincias.

El Gobierno tiene como objetivo compartir con los gobernadores el impacto financiero de la ley en caso de que las reformas económicas propuestas no logren pasar la evaluación del Parlamento.

En este escenario, los negociadores políticos designados para el diálogo con la oposición, en particular el ministro Guillermo Francos y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se ven compelidos a adoptar una posición más firme, en consonancia con las exigencias planteadas por la facción más intransigente de las negociaciones, representada por Santiago Caputo.

La fiscalía

El vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa, confirmó que el Gobierno Nacional creará una fiscalía especial para investigar la corrupción de funcionarios públicos.

El funcionario especificó que la fiscalía investigará, en las situaciones en los que se requiera, “en casos de enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial no justificados.

“El ministro de Justicia sugerirá la creación de una fiscalía especial que se ocupe de investigar la corrupción de los funcionarios públicos, especialmente a los que contemplan la figura de enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial no justificados”, sostuvo.

En la misma línea, Adorni especificó: “Incluirá a todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, tanto del poder ejecutivo como legislativo. Vamos a recuperar todos los bienes producto del delito”.

El ministro de Justicia había comentado días atrás que impulsaría una fiscalía especial, pero bajo el ámbito del Ministerio Público Fiscal.

“No la llamaría Conadep contra la corrupción, sino una fiscalía especial dedicada a la corrupción”, expresó en declaraciones radiales. “El tema de la corrupción es prioritaria. Yo voy a perseguir la corrupción más que nadie, pero a través de los roles que corresponda. Los fiscales de juicio oral son buenísimos. Entonces, ellos son quienes tienen la tarea” de investigar, indicó.

Esta decisión fue inesperada, por lo que aún no se brindó detalles adicionales sobre las funciones y responsabilidades asignadas. También se omitió aclarar las posibles diferencias con la actual Oficina Anticorrupción, que está actualmente a cargo de Alejandro Melik, ex secretario penal y abogado. Su nombre es recordado por haber sido el defensor de Guillermo Cóppola en la causa del jarrón, de los años 90’, por “droga plantada” a Diego Maradona.

Además la creación de esta nueva fiscalía es contradictoria respecto a las políticas que el ministro de Justicia tenía previstas, ya que había expresado su intención de despolitizar la Oficina Anticorrupción (OA) al retirarle la capacidad de presentar querellas en casos de corrupción.